El Gobierno aprobará este sábado la prórroga de la medida por tres meses más
Las revisiones del precio del alquiler, que por contrato suelen fijarse en el equivalente al Índice de Precios de Consumo (IPC), seguirán durante tres meses más con un tope del 2%, muy por debajo de los niveles actuales de ese indicador. Ese tope está vigente desde el pasado 29 de marzo, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó el llamado “Plan de choque en respuesta a la guerra”. Ahora la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Ejecutivo va a celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este sábado 25 de junio para aprobar un nuevo decreto que prorrogará tres meses más las medidas incluidas en el anterior.
Entre las medidas aprobadas (algunas de ellas sin la rebaja de 20 céntimos de euro por litro de combustible o ayudas directas a sectores como el transporte, el ganadero y el lácteo), hay una que afecta muy directamente al mercado inmobiliario, que es la citada prohibición de subir los alquileres por encima del 2%. Una decisión muy polémica desde el primer momento, porque hace recaer sobre los hombros de los propietarios el coste de favorecer a los inquilinos, con independiencia de cuál sea la situación económica de cada cual.
El IPC se sitúa en la actualidad en el 8,7% interanual. Así, los contratos de alquiler que iniciasen ahora una nueva actualidad, aunque según contrato debieran actualizar la renta en ese porcentaje, no podrán incrementarse en más de dos puntos porcentuales. Para un alquiler de 500 euros, supone que en vez de pasar a 543,50 euros pasan a 510. Una pérdida de poder adquisitivo de 33,50 euros mensuales para el arrendador (salvo que llegue a un acuerdo distinto con el arrendatario) incluso en los casos en que los inquilinos hayan visto subir sus pensiones o salarios en función del IPC.
Está aún por analizar las repercusiones de esta medida en el mercado de los alquileres. Mientras se tratase de una situación provisional, y que afecta a contratos firmados hace al menos un año, no parecía que fuese a tener demasiada influencia en las decisiones de los propietarios que estén pensando ahora en poner sus viviendas en alquiler. Los expertos se temen que, al prorrogarse este tope a la actualización de rentas, los arrendadores se cubran las espaldas poniendo de entrada más altos los precios, lo que perjudicaría al colectivo de quienes buscan vivienda en alquiler.