La reciente aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda ha generado un intenso debate en el sector inmobiliario. A pesar de las críticas recibidas previas a su aprobación. Esta ley entra en vigor este viernes 26 de mayo de 2023. Esta ley traerá consigo cambios importantes, como la regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, un tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y la creación de un nuevo índice de referencia que reemplazará al IPC.
La mayor controversia se centra en la figura del gran tenedor y en la creación de zonas tensionadas de alquiler, que estarán en manos de las Comunidades Autónomas y que supondrán un control al mercado de arrendamiento. Esta ley es la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución y establecerá normas competenciales para que las apliquen las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia plena en materia de vivienda.
El objetivo de esta ley es articular el artículo 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, e imponer a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.
Hasta ahora, las políticas de viviendas se han centrado principalmente en una política expansiva y de fomento de la propiedad, pero esta ley pretende cambiar eso. La Ley por el Derecho a la Vivienda establece una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, facilita el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, y establece instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas.
Además, esta ley define los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de vivienda, regula el régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda y fomenta el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia y de habitación. También mejora la protección en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso.
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